La estrategia de los odontólogos, frente a la entrada en vigencia, el próximo mes de agosto, del nuevo Código Integral Penal (COIP), en especial el artículo 146  que sanciona la mala práctica profesional, está fundamentada en un programa intensivo de capacitación, así explica el Presidente de la Federación Odontológica Ecuatoriana FOE, Dr. Gorki Espinoza Ruiz.

El profesional, quien participó en la comisión intersectorial integrada por los gremios de la salud, representantes de la Asamblea Nacional y del Gobierno, previo a la aprobación del COIP, señala que pese a los argumentos presentados el artículo en mención se aprobó. “Ante esta realidad los gremios de la salud alcanzamos una interpretación de la Corte Nacional de Justicia, pero es necesario estar prevenidos”, dijo.

Para el efecto explicó Espinoza, desde el año pasado se lleva adelante un proceso de capacitación y concientización en responsabilidad profesional y aplicación del COIP, a la vez se analizan  propuestas de aseguramiento de los profesionales tanto en el sector público como privado, observando aspectos como las indemnizaciones, cómo y cuándo cuantificar un daño, de manera que se establezcan parámetros adecuados para indemnizar a una posible víctima por errores profesionales o negligencia que son las únicas causales para una posible demanda.  “Esto atañe no solo a los odontólogos sino a todos los profesionales de la salud, de acuerdo al Artículo  152 del COIP”, señaló.

Otra de las propuestas que se busca consensuar es que los gremios actúen como centros de mediación, para conciliación donde las partes se ponen de acuerdo para aceptar alguna responsabilidad y llegar a un acuerdo.   Mencionó el dirigente que la ciudadanía debe estar clara que ningún profesional busca causar daño de manera intencional, por lo que se debe analizar muy bien antes de presentar una demanda,  ya que las consecuencias no afectan solo a la persona, sino a su familia, su prestigio, lo que le perjudica tanto social como económicamente.

El Presidente de la FOE, ratificó que existe una decisión unánime de los Odontólogos Federados del país, a través del Consejo y Comité Ejecutivo Nacional de la organización,  de buscar alternativas y mecanismos para optimizar el ejercicio profesional, no solo por la vigencia del Código Penal, sino por ese compromiso de servicio y cuidado a los ciudadanos, que son la razón de la profesión odontológica.