MANIFIESTO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA ECUATORIANA A LA ODONTOLOGÍA NACIONAL Y AL PAIS

 El Pleno de la Asamblea Nacional, haciendo caso omiso a los diferentes y fundamentados criterios esgrimidos en contra de la criminalización del ejercicio profesional de la medicina, que incluye a todos los profesionales de la salud ha expedido el Código Integral Penal, que entre otras cosas y de manera direccionada tipifica como delito, el arte de curar y  sanar, ejercido por la clase médica y paramédica del país.

Los artículos 146 y 152 del Código Integral Penal hoy sometidos a la aprobación o veto del señor Presidente de la República criminalizan de manera indiscriminada la actividad médica cuando funden en su solo criterio la culpa y el dolo, que en el caso de una actividad tan sensible como la cuidar la salud y la vida, debe ser completamente diferenciada, pues el médico o el  Odontólogo al prevenir, curar, sanar o salvar la vida de un ser humano jamás ha de tener la intención deliberada de causar daño o matar al paciente.

El ejercicio profesional no es una actividad que pueda medirse por resultados, precisamente por esa sensibilidad que significa tratar con la vida y la salud del paciente, de ahí que tipificar como delito el acto médico traerá como consecuencia que muchos de los médicos y otros profesionales ligados a la salud, dejen de atender los casos complicados para evitarse un futuro penoso y detrás de las rejas de una cárcel construida para delincuentes comunes.

La Asamblea Nacional al expedir el Código Integral Penal se olvidó que el ejercicio profesional odontológico o médico se lo hace luego de una larga y sacrificada carrera escolar,  colegial,  universitaria y post profesional y al tipificar a la práctica médica como un delito cualquiera, coloca al profesional al mismo nivel de un delincuente común que posiblemente jamás piso un aula escolar, desconociendo incluso el mismo sacrificio que el Estado y la familia realizó al invertir en la formación del cuerpo médico nacional.

Así mismo la Asamblea Nacional sorda al clamor social y gremial, al criminalizar la práctica médica, se olvida que uno de los principios fundamentales del derecho social del trabajo establecido en la Constitución, es garantizar a que toda persona pueda desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, en el caso, como podría generarse un buen ambiente de trabajo cuando el médico va a tener en su cabeza una espada de Damocles que la estará amenazando siempre llevarlo a la cárcel.

Así mismo la Asamblea Nacional jamás consideró que la salud pública es un sistema integrado por varios actores y elementos constitutivos y que la falta de uno de ello puede propiciar daños a la salud y la vida del paciente, sin embargo esos elementos jamás serán considerados y el único responsable de aquello será el médico pues en esta relación, constituye la parte más débil.

Por estas y otras consideraciones, la FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA ECUATORIANA, resuelve lo siguiente:

1. Declarar a la Odontología Nacional en Asamblea Permanente, ejecutada en todos y cada uno de los Colegios Odontológicos Provinciales del país.
2. Manifestar su irrestricto apoyo y respaldo a los compañeros médicos del  país en la lucha emprendida,
3. Respaldar expresamente las acciones emprendidas por las Federaciones y los Gremios de la salud del Ecuador,
4. Rechazar enfáticamente la criminalización de la práctica médica, adoptada por la Asamblea Nacional al expedir el Código Integral Penal, que afecta al ejercicio armónico de nuestra profesión,
5. Demandar del señor Presidente Constitucional de la República el veto a los artículos 146 y 152 del Código Integral Penal,
6. Alertar que la criminalización del ejercicio médico traerá como consecuencia un perjuicio directo al usuario del servicio de salud.
7. Llamar a la unidad de todos los gremios de salud, para en un trabajo conjunto defender los más altos intereses clasistas y la salud pública nacional.
8. Estar alertas y vigilantes de la decisión que asuma la más alta instancia del poder público nacional.

Atentamente

Dr. Gorki Espinoza Ruíz
PRESIDENTE